En un sistema judicial cada vez más orientado hacia la eficiencia, existe el riesgo real de dejar atrás precisamente a quienes han sufrido un daño: las víctimas de delitos. El abogado Alfredo Guarino, penalista y profundo conocedor del proceso penal, analizó con nosotros el papel de la víctima en el procedimiento penal italiano, destacando las deficiencias del marco legislativo actual en comparación con la normativa europea.
por Roberta Imbimbo
Abogado Guarino, en relación con la oposición a la solicitud de archivo, ¿cree usted que el ordenamiento jurídico italiano protege eficazmente a la víctima de un delito?
Mire, si me pregunta si la legislación italiana protege realmente y de manera eficaz a la víctima cuando se solicita el archivo de una denuncia, le respondo: no lo suficiente. El artículo 410 del Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de que la persona ofendida se oponga a la solicitud de archivo presentada por el fiscal, pero lo hace de forma extremadamente restrictiva. La víctima solo puede oponerse proponiendo nuevas investigaciones o presentando nuevos elementos de prueba. Sin embargo —y este es el punto crucial— no puede impugnar el fondo de la evaluación ya realizada por el fiscal sobre la base de las pruebas existentes. Esto significa que su voz, en esta fase delicada, tiene muy poco margen de maniobra. Y eso es una limitación seria. Se genera una brecha injustificable entre la justicia como principio declarado y la justicia como posibilidad concreta de participación activa en el proceso.
Sin embargo, la normativa europea parece prever algo más…
Exactamente. La Directiva 2012/29/UE de la Unión Europea establece en el artículo 11 que toda víctima tiene derecho a solicitar una revisión de la decisión de no ejercer la acción penal. Es una disposición clara y amplia, que no impone límites a la naturaleza de esa revisión. En Italia, en cambio, esta posibilidad no está plenamente garantizada: la decisión final recae en el juez de instrucción (GIP), quien puede aceptar la solicitud de archivo, y contra esta decisión no se admite una apelación real por parte de la víctima, salvo por vicios formales. En la práctica, la persona ofendida queda excluida de cualquier control efectivo sobre la decisión de no continuar con la investigación. Es un contrasentido: se habla de la centralidad de la víctima, pero se le niega un papel real en esta fase. La justicia penal no puede prescindir del pleno respeto de los derechos de la víctima. De lo contrario, no es una justicia completa.
Otro aspecto crítico que usted ha señalado en repetidas ocasiones es la dificultad de la víctima para obtener una definición concreta del daño dentro del proceso penal. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es una de las grandes carencias de nuestro sistema de justicia penal. El daño sufrido por la víctima, incluso en caso de condena, rara vez se define de manera completa en el proceso penal. A menudo, solo se concede una indemnización provisional —una suma parcial y anticipada— y la compensación real se remite al juez civil. Esto significa que, incluso con una sentencia penal condenatoria, la víctima debe esperar muchos años más, afrontar otros procesos y procedimientos, con los costes correspondientes, para obtener lo que le corresponde. Es un camino agotador, y muchas veces la víctima no tiene la fuerza, el tiempo o los recursos para afrontarlo.
¿Cuáles son las causas de esta ineficiencia?
Son principalmente dos. La primera es cultural: muchos abogados y jueces no están acostumbrados a tratar el tema de la indemnización dentro del proceso penal. Las solicitudes de indemnización suelen ser genéricas, y los jueces penales evitan abordar la cuestión de la cuantificación del daño por considerarla “demasiado civil”. La segunda es organizativa: la falta de formación específica y la sobrecarga de trabajo empujan a los jueces a remitir la cuestión a la jurisdicción civil. Pero esto representa un sacrificio inaceptable para las víctimas. A esto se suma la escasa valorización del artículo 163 del Código Penal, que permite subordinar la suspensión condicional de la pena a la restitución de los bienes o a la reparación del daño. Esta herramienta, que podría ser muy eficaz para delitos como estafa, robo o apropiación indebida, se utiliza muy poco. En otros países, como España, el juez condiciona la suspensión a la reparación concreta del daño dentro de un plazo determinado. Es un modelo que deberíamos considerar seriamente.
Abogado Guarino, en cuanto a la indemnización estatal para las víctimas de delitos violentos, ¿considera usted que el sistema italiano es justo y funcional?
Lamentablemente, no. Los números hablan claro y son sorprendentes: en 2022 se registraron 314 homicidios, pero solo 28 estuvieron vinculados a la criminalidad organizada —menos del 10 %. En 2021 fueron 26 sobre un total similar. En ese mismo 2022, de esos 314 homicidios, 120 fueron feminicidios, es decir, mujeres asesinadas, a menudo en contextos familiares o afectivos. Y sin embargo, si observamos cómo se distribuyeron los fondos públicos, encontramos una fuerte desproporción. El Fondo de Solidaridad, dotado con 34 millones de euros, destinó aproximadamente 29,5 millones —casi el 90 %— a delitos relacionados con la criminalidad organizada. Del mismo modo, el Fondo Especial para la Indemnización de las Víctimas de Crímenes Violentos, en 2023, de los 4,6 millones disponibles, asignó más de la mitad, una vez más, a víctimas de delitos mafiosos. La desigualdad es evidente.
Otra grave laguna normativa que afecta a la seguridad y la dignidad de la víctima tiene que ver con el cese automático de las medidas cautelares una vez que la sentencia penal se vuelve definitiva.
¡Exactamente! Las medidas cautelares —como la prohibición de acercamiento, el alejamiento del domicilio familiar o la prohibición de residir en ciertos lugares— tienen una función fundamental durante las investigaciones y el juicio: proteger a la persona ofendida. Sin embargo, estas medidas pierden su eficacia precisamente en el momento en que, paradójicamente, la víctima podría necesitarlas más: después de la condena definitiva del culpable. Es una falla evidente en casos de malos tratos, acoso, violencia doméstica o intentos de homicidio: delitos en los que la relación entre autor y víctima es central y la reincidencia, por desgracia, no es infrecuente.
¿Cuál sería, según usted, la solución?
Es necesario introducir en el Código Penal sanciones accesorias o medidas de seguridad personales incluso después de la condena, por un período adecuado. Pienso en prohibiciones de acercamiento prolongadas, obligaciones de residencia, prohibiciones personalizadas. En otros países, medidas similares permanecen vigentes durante cinco o incluso diez años, para garantizar que la víctima no vuelva a estar expuesta a un entorno peligroso. En conclusión, para garantizar una justicia verdaderamente equitativa, la protección de las víctimas de delitos debe convertirse en una prioridad estructural, y no en una concesión ocasional del sistema.
