En un año, Italia ha escalado diez puestos en la clasificación de Transparencia Internacional: según los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2021, nuestro país ocupa el puesto 42 de una clasificación de 180 países. El año anterior ocupaba el puesto 52. “Esta mejora se debe sin duda a la creciente atención dedicada al problema de la corrupción en la última década y es también el resultado del trabajo realizado por numerosas organizaciones del sector privado en la promoción de los valores de transparencia, lucha contra la corrupción e integridad, optando voluntariamente por la certificación ISO 37001 ‘Sistema de Gestión para la Prevención de la Corrupción'”, afirma en esta larga entrevista Manolo Valori, Director Técnico de CVI Italia, la filial italiana del grupo eslovaco CVI SRO, una de las realidades más importantes en el ámbito de la certificación voluntaria con acreditación internacional.
por Roberta Imbimbo
Dr. Valori, ¿qué es el Índice de Percepción de la Corrupción?
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un indicador estadístico publicado anualmente por Transparency International. El índice, que va de 0 (para los países más corruptos) a 100 (para los menos corruptos), se basa en 13 encuestas a expertos del sector y representantes empresariales realizadas por diversas instituciones (por ejemplo, el Banco Mundial) y pretende medir el grado de corrupción percibida. Obviamente, la metodología de la encuesta cambia cada año para ofrecer una muestra representativa cada vez más fiable de las realidades locales.
¿Qué destaca el último informe publicado?
Transparencia Internacional ha publicado recientemente el informe con los resultados de 2021, que muestran que Italia (que obtuvo una puntuación de 56 sobre 100) continúa su senda de mejora en términos de corrupción percibida, aunque la brecha con los países más virtuosos sigue siendo amplia. Nuestro país ha ganado unas buenas 10 posiciones respecto al ranking de 2020, asentándose en el puesto 42 de 180 países del mundo (17 de los 27 de la UE) y unas buenas 14 posiciones desde 2012, año en el que entró en vigor la Ley 190 de prevención y represión de la corrupción en la Administración Pública. No obstante, aún quedan algunos nudos por deshacer en materia anticorrupción y de transparencia: el retraso en la transposición de la Directiva europea 2019/1937 en materia de whistleblowing, cuyo plazo expiraba en diciembre de 2021 y que permitiría completar la disciplina contenida en la Ley 179/2017; la publicación del registro de titulares reales (trusts) y el proceso legislativo para la regulación de los lobbies.
Los avances logrados en los últimos años son también el resultado del trabajo realizado por numerosas organizaciones del sector privado en la promoción de los valores de transparencia, lucha contra la corrupción e integridad. En los últimos años, de hecho, se ha producido una creciente difusión de organizaciones certificadas ISO 37001 “Sistema de Gestión para la Prevención de la Corrupción”, un signo de responsabilidad y sensibilidad hacia el tema por parte de las empresas italianas. ¿Puede hablarnos de ello?
Sin duda, la mejora registrada también puede atribuirse a la adopción por parte de las organizaciones del sector privado de la norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión para la Prevención de la Corrupción. Esta norma (denominada Sistema de Gestión Antisoborno) se estructuró con la intención específica de ayudar a las organizaciones a combatir las distintas formas de corrupción y promover una cultura empresarial ética. Para la organización, ya sea privada o pública, haber establecido un sistema de gestión antisoborno es, de hecho, ya una primera forma eficaz de reducir el riesgo de corrupción y, en consecuencia, la exposición a la responsabilidad en términos de aplicación de las sanciones previstas por el Decreto Legislativo 231/2001.
En concreto, ¿qué ventajas ofrece esta certificación?
La certificación según la norma ISO 37001 permite a las entidades públicas y privadas que han decidido implantar un sistema organizativo destinado a prevenir y combatir la corrupción, obtener la verificación y validación por parte de un organismo independiente y reconocido internacionalmente, aportando pruebas de su opción ética. Por tanto, las ventajas son múltiples. La posibilidad de alegar, en caso de delito, que la propia organización ha inspirado su modelo empresarial para prevenir delitos sobre la base de una norma de “buenas prácticas” reconocida internacionalmente. De este modo, los directivos podrán demostrar que han adoptado un modelo organizativo para la prevención de la corrupción, y también podrán beneficiarse de un efecto atenuante de las sanciones previstas en el Decreto Legislativo 231/2001. En materia de contratación pública, la certificación ISO 37001 facilitará la obtención de la Calificación de Legalidad por parte de la Autoridad de Competencia y Mercado. También facilitará la adquisición de la calificación de la empresa por parte de la Autoridad Nacional Anticorrupción. En cuanto a la competitividad de las Organizaciones, la Certificación ISO 37001 se convertirá cada vez más en un elemento distintivo no sólo de tipo “ético”, sino también de tipo “sustancial” (el cumplimiento de la norma ISO 37001 se convertirá, por ejemplo, en un requisito necesario para participar en licitaciones públicas). En resumen, se trata de una certificación muy importante que sin duda contribuye a la difusión de una cultura de la legalidad, aporta beneficios en términos de protección de activos, competitividad y calificación de la legalidad.
Esta certificación es, por tanto, una oportunidad real para que las empresas (que deben buscarla libre y voluntariamente) operen bajo la bandera de la legalidad y la transparencia. ¿Por qué es esencial en este sector recurrir a profesionales experimentados para obtener la certificación?
Porque es importante trazar un mapa de todos los procesos empresariales, para verificar que las operaciones de una empresa determinada cumplen efectivamente la normativa anticorrupción obligatoria, que son parte integrante de esa sostenibilidad social, medioambiental y de gobernanza -comúnmente conocida como ESG- que se está convirtiendo en un imperativo para un número creciente de empresas, en todo el mundo y en Italia. En este contexto operativo, en el que es esencial prevenir, detectar y resolver cualquier acción corrupta llevada a cabo por empleados, representantes o directivos de las empresas, CVI Italia es un punto de referencia muy importante, siendo capaz de apoyar adecuadamente a las empresas para que operen bajo la bandera de la legalidad y la transparencia, favoreciendo también la adopción de medidas adecuadas de gobernanza y control.
