El 13 de marzo pasado, un terremoto de magnitud 4.6 sacudió el municipio de Bagnoli, siendo la sacudida más fuerte en la zona en los últimos 40 años. Dejó tras de sí una estela de daños e inquietudes. El miedo y la incertidumbre golpearon fuertemente a los habitantes de este barrio obrero de Nápoles, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar sus viviendas, que fueron declaradas inhabitables. Una dificultad que parece no tener fin, sobre todo debido a la falta de respuestas concretas y rápidas por parte de las autoridades. Así, los efectos de esa terrible sacudida aún se sienten hoy en día. Varios edificios sufrieron graves daños estructurales, lo que obligó a las autoridades competentes a declararlos inhabitables. Las familias, aterradas y sin un techo seguro, se encontraron viviendo en una situación de emergencia sin saber a dónde ir.
“La miedo es enorme, no solo por el riesgo de otro terremoto que sigue acechando toda la zona de los Campos Flegreos, sino también, y sobre todo, por la incertidumbre sobre el futuro que nos espera”, cuenta Enrico, quien desde esa noche vive con su familia en una vivienda temporal. En su rostro se lee claramente la desesperación de quien ha perdido todo. Como él, otras 380 personas fueron evacuadas de sus hogares. Y ahora, para la comunidad de Bagnoli, el futuro se presenta muy incierto. Por un lado, la solidaridad de los vecinos y las asociaciones locales les brindó un primer auxilio, pero por otro, la situación se ha agravado con el paso de los días. Las familias desplazadas no han recibido ningún tipo de apoyo económico inmediato. Los fondos prometidos por el Gobierno, alrededor de 35 millones de euros destinados a garantizar alojamientos temporales, cubrir reparaciones y ayudar a los ciudadanos más vulnerables, aún no han llegado. “Solo hemos escuchado palabras, promesas que no se han cumplido. Nos han abandonado”, se lamenta Francesca, quien vive desde hace días en una vivienda provisional con la esperanza de recibir una ayuda concreta. Las dificultades para gestionar el desastre son evidentes, con la comunidad local ahora enfrentándose a una burocracia lenta que está agravando aún más la situación ya delicada. Aunque el Gobierno declaró el estado de emergencia, los fondos para la reconstrucción y para el apoyo a las familias aún no han llegado porque están bloqueados en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). “La reconstrucción no puede esperar. La gente necesita saber cuándo podrá regresar a sus casas y, sobre todo, cuándo podrá recibir ayuda para recuperarse”, afirman en voz alta los habitantes de la zona, que están tratando desesperadamente de sensibilizar a las autoridades competentes. Sin embargo, a pesar de los llamamientos, el Gobierno central ha pospuesto hasta ahora la entrega de los recursos necesarios, lo que aumenta la frustración entre la población. La falta de respuestas claras y rápidas está minando la moral de la comunidad. Las familias siguen viviendo con la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus hogares o si, por el contrario, deberán enfrentarse a una situación irreparable. El miedo a otro terremoto, que pueda causar más daños, pesa sobre aquellos que ya han sufrido el trauma del 13 de marzo. Mientras tanto, la administración local está intentando hacer lo posible con recursos limitados, pero sin el apoyo adecuado, resulta difícil ofrecer una respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos. “Necesitamos fondos urgentes, pero sobre todo, una respuesta rápida para poder empezar a vivir de nuevo. Ya no podemos esperar”, concluye el pobre Enrico.
El caso de Bagnoli es solo uno de los innumerables ejemplos de cómo la gestión de las emergencias y la falta de asignación rápida de fondos pueden empeorar la vida de las personas afectadas por un desastre natural. La falta de un plan de intervención claro y oportuno solo aumenta la dificultad y el sufrimiento de aquellos que se enfrentan a una tragedia sin los recursos adecuados para reconstruir su vida. La comunidad de Bagnoli, al igual que muchas otras en Italia, necesita respuestas concretas. No es solo una cuestión de ayuda financiera, sino de un compromiso serio por parte de las autoridades para garantizar que nadie quede atrás, especialmente en los momentos más críticos.
