Profesionalidad, fiabilidad e innovación: estas son las señas de identidad de IPEM S.r.l., una empresa de Campania altamente especializada en funciones de verificación de diversos tipos de sistemas eléctricos de puesta a tierra. Fundada en 2015, calificada por el MISE y acreditada por ACCREDIA, esta excelencia totalmente italiana ha centrado su atención en las estaciones y columnas de recarga de vehículos eléctricos, cuya difusión tendrá que intensificarse necesariamente en los próximos años: de hecho, será necesario contar con al menos 6,8 millones de estaciones de recarga en 2030 para compensar la diferencia con otros países europeos y garantizar una cobertura suficiente para las nuevas matriculaciones de coches ecológicos. Maria Agrillo, CEO de la empresa, explica la importancia de realizar controles periódicos de los sistemas de alimentación de los puntos de recarga, que deben cumplir la normativa vigente y estar certificados por un profesional cualificado.
por Roberta Imbimbo

Dr. Agrillo, ¿puede decirnos por qué son tan importantes estas comprobaciones hoy en día?
El cambio climático, con sus desastrosos efectos en nuestro planeta, y el consiguiente deseo de reducir el calentamiento global tomando decisiones cada vez más respetuosas con el clima, nos han impulsado a replantearnos soluciones más sostenibles para nuestra vida cotidiana, especialmente en términos de movilidad. No es casualidad que la demanda de vehículos eléctricos haya aumentado significativamente en los últimos años, y con ella también el número de infraestructuras de recarga instaladas tanto en el sector público como en el privado en todo el país (este proceso se ha visto ciertamente acelerado por la medida dictada por Bruselas, según la cual a partir de 2035 sólo deberán matricularse coches de cero emisiones). Sin embargo, este escenario innovador abre algunos retos importantes en materia de seguridad: para reducir la posibilidad de incendio o explosión -debido esencialmente a la alta densidad energética de la batería y los sistemas de recarga-, la ley impone la obligación de realizar inspecciones periódicas en las columnas de recarga, cuya frecuencia puede oscilar entre 24 y 60 meses, y cuyo objetivo prioritario es evitar accidentes o daños a los usuarios finales y al personal encargado del mantenimiento ordinario y extraordinario de los propios sistemas. Entre los organismos autorizados por el MISE para llevar a cabo estas auditorías se encuentra IPEM S.r.l., que obtuvo esta importante cualificación al término de un largo y minucioso proceso de auditoría, gracias al cual ahora puede certificar un modus operandi del más alto nivel, fruto de la eficacia de su gestión. Como organismo de inspección de tercera parte, acreditado por ACCREDIA, la empresa está en condiciones de ofrecer un servicio de alto valor añadido.

¿Cuáles son sus puntos fuertes frente a la competencia?
La experiencia adquirida a lo largo de muchos años de actividad, unos conocimientos técnicos altamente especializados, enormes inversiones en equipos tecnológicos de última generación, un equipo experimentado y motivado, y la capacidad de ofrecer un servicio profesional en todo el país nos han permitido afirmar nuestro liderazgo en un mercado altamente competitivo, y aumentar nuestra base de clientes año tras año, ampliando nuestro público objetivo. Hoy en día, quien presta y gestiona el servicio de recarga está obligado por ley a garantizar la plena conformidad de las estaciones de recarga con los requisitos de seguridad y funcionalidad de la norma CEI EN IEC 61851-1. Se trata de una responsabilidad precisa para el empresario, so pena de graves sanciones administrativas y penales (multas de entre 1.000 y 4.800 euros o penas de prisión de 2 a 4 meses). En este contexto operativo, IPEM se propone como un socio único y cualificado capaz de garantizar un servicio de verificación extremadamente eficaz y fiable para proteger la seguridad de los distintos agentes del mercado. Safety First es, de hecho, el leitmotiv de un Grupo sólido que se esfuerza cada día por alcanzar la excelencia y difundir la cultura de la seguridad, especialmente en aquellos sectores en los que los trabajadores operan en situaciones de alto riesgo y, por tanto, requieren una mayor atención.

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